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Entre la espada y la pared

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Sandra de Barraza

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A la Asamblea Legislativa le corresponde, por Constitución de la República, decretar el presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública, así como sus reformas. El numeral 8 del artículo 131 es claro. Ningún funcionario puede modificar, por decisión personal ni por emergencia alguna, las clases y categorías presupuestarias aprobadas, ni mucho menos los montos.

El covid-19 ha sido interpretado por la administración del Órgano Ejecutivo como justificación para ignorar el mandato constitucional. Amparados al covid-19, toman y siguen tomando decisiones al margen del marco legal. Se conoció que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desvió $23.4 millones de diferentes partidas presupuestarias para financiar el Plan de Seguridad Alimentaria en el marco de la pandemia. ¿Esto hace evidente la ignorancia legal? Esto, ¿comprueba el empeño de los funcionarios con el irrespeto de las leyes y sentencias de la Sala?

El exministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa a urgir a los diputados aprobación para reponer el dinero que ilegalmente se destinó a compra de maíz. Quiere reponerlo con recursos del préstamo autorizado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de $389 millones. Otra vez hay que repetirlo. Los préstamos autorizados por la Asamblea Legislativa no tienen planificación, aunque digan lo contrario. Cuando los estudian solicitan información. No se las proporcionan. Los aprueban condicionados a informes. No los presentan. Los tienen entre la espada y la pared.

En el MAG están urgidos porque no pueden enfrentar sus responsabilidades con el pago de los salarios y la adquisición de bienes y servicios si no consiguen fondos para reponer lo que gastaron. Obligadamente tienen que ir a la Asamblea Legislativa, a ese lugar que tanto critican, si quieren autorización para usar fondos del préstamo autorizado. Esto pone a los diputados entre la espada y la pared. Si se aprueba, sigue el despilfarro. Si no se aprueba, salen los troles y los tuits acusándoles de querer dejar morir a la gente y a los burócratas del MAG.

Ante la solicitud del exministro de Hacienda y cumpliendo con su mandato, la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa citó al ministro del MAG para que explicara la desviación de recursos del presupuesto aprobado y el destino de los $55 millones ejecutados en el marco de la emergencia. No llegó. Simple y sencillamente no llegó. ¿Quiere aprobación sin dar explicación alguna? Ante esta realidad, ojalá que la comisión no proceda a responder. El Órgano Ejecutivo está obligado a resolverlo.

Los millonarios préstamos autorizados están sirviendo de caja chica a los funcionarios del Órgano Ejecutivo. Los préstamos autorizados se están utilizando discrecionalmente, sin rendición de cuenta alguna. Los préstamos internacionales no tienen sentido de prioridad, se están gastando en comida que se acaba día a día, y nos está comprometiendo para los próximos 50 años.

A la Asamblea Legislativa también le compete ratificar o denegar la ratificación de préstamos entre el Órgano Ejecutivo con organismos internacionales. Si no conviene al bien común, deben denegarlos. Esa es su facultad y competencia. Y otra vez llegan a urgirles la ratificación del préstamo con el BID que vence el día de hoy. Y hay $500 millones pendientes de ratificación. No hay obligación de ratificarlos porque no hay información confiable ni oportuna. Los van a poner entre la espada y la pared. Resistan. Ojalá que resistan.

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